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Denuncias de apoderados contra colegios aumentan 41% entre 2010 y 2011

Patios con desniveles, salas de clases con nailon en las ventanas, tres baños para cerca de 700 alumnos y sueldos impagos. Esa es parte de la realidad del Liceo Particular Subvencionado Santa Lucía, de San Bernardo, según profesores que trabajaron en el establecimiento. El colegio es el que tiene más denuncias al Ministerio de Educación por parte de los apoderados, durante los años 2010 y 2011. En 2011, los padres realizaron más de 11 mil reclamos al Mineduc por diversos tipos de anomalías en los colegios, como problemas de infraestructura y maltratos de docentes a alumnos o entre escolares. La cifra representa un alza de 41% respecto de 2010, cuando se registraron 8.331 quejas. En total, en ambos años, fueron más de 18 mil. Setenta y dos de las quejas las acumula el liceo Santa Lucía.

 Más de la mitad se refiere a problemas de infraestructura y salubridad y siete a incumplimiento de condiciones laborales. “El colegio no tenía casino. Los niños debían tomar desayuno en el patio. Las salas se goteaban en invierno y, lo peor de todo, había ratones”, dice el ex profesor de historia del liceo, Nicolás Henríquez. El docente es uno de, al menos, 10 profesores que interpuso demandas laborales contra el entonces sostenedor, Víctor González Cisternas, por no pago de sueldos e imposiciones. Otro caso es el de la profesora Mariela Jaime, a quien el establecimiento le adeuda un mes de sueldo y ocho de cotizaciones previsionales. “El sostenedor alega que el colegio está en quiebra, porque la gente no paga la mensualidad de cinco mil pesos y porque con la subvención no alcanza”, dice. El año pasado, el Mineduc inhabilitó de manera perpetua al sostenedor por las diversas y reiteradas irregularidades en la operación del otro colegio que poseía: el Santa Lucía de Lo Cañas, de La Florida. La acción le impidió también seguir con el colegio de San Bernardo, que fue vendido a otro sostenedor y fue rebautizado como Domingo Eyzaguirre. Al de San Bernardo le siguen en la lista de los colegios más denunciados el San Pedro de Quilicura (subvencionado), con 53 reclamos; la escuela República de Ecuador de Tomé (municipal) con 48 denuncias; el Crisol de Viña del Mar (subvencionado), con 44; y el Excelsior de Santiago (subvencionado) con 41 reclamos (ver tabla). “En el colegio siempre estamos dispuestos a solucionar los problemas. De hecho, atendemos a más de 10 apoderados al día. No comprendemos este número de denuncias. Ni siquiera nos notifican desde el ministerio. Además, no tenemos educación media, por lo que no entendemos, por ejemplo, la suspensión de graduaciones”, señala Paula Alvarez, directora del San Pedro de Quilicura. Por el contrario, en el Mineduc afirman que notifican siempre a los colegios denunciados. “En cada situación que se investiga se le solicita un informe completo al colegio, donde puede hacer sus descargos”, dice Ximena Galleguillos, jefa de Ayuda Mineduc. Ninguno de los otros colegios respondió las consultas de La Tercera. Tipos de denuncias El 66% de los reclamos se refirieron a colegios subvencionados, el 26% a municipales y un 6,3% a particulares pagados. Los temas recurrentes: maltrato físico y psicológico de adultos a alumnos y entre escolares, con un tercio de las denuncias. Le siguen las quejas por negación de matrícula (20%), principalmente por razones económicas y de rendimiento. Más de la mitad de este tipo de denuncias es en contra de colegios que cuentan sólo con educación básica, a pesar que la Ley General de Educación prohíbe la selección para niños de entre kínder y sexto básico. El 1,5% de los reclamos fue por agresiones sexuales. Las sanciones dependen de la infracción cometida y pueden ir desde amonestaciones hasta revocación del reconocimiento oficial. Por ejemplo, las infracciones a las disposiciones sobre violencia escolar o discriminación a embarazadas pueden ser castigadas con multas que llegan a 50 UTM (unos dos millones de pesos). En el caso de cobros indebidos, la sanción puede llegar a la revocación del reconocimiento oficial. Entre enero y junio de este año, los apoderados han interpuesto 4.350 denuncias. El 85% ha sido resuelto.

 

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